En 2019, la incertidumbre política interfirió con el día a día de los profesionales de Asuntos Públicos. ¿Qué nos espera en este 2023?
Resulta imposible olvidar 2019, un año en que tuvimos dos elecciones generales en abril y noviembre, diez meses con un gobierno en funciones, intentos de investidura fallidos, incapacidad para llegar a acuerdos y, de fondo, nuevas situaciones con gran potencial desestabilizador.
También es inolvidable porque fue el preludio de la pandemia de COVID-19, otro revés que debimos enfrentar cuando por fin se empezaba a despejar un poco el panorama político tras la investidura de Pedro Sánchez –la más ajustada de la democracia– en enero de 2020.
Los profesionales de Asuntos Públicos vivimos todo este proceso con máxima atención y preocupación, pues no teníamos claro ni quién ni cuándo, ni –casi más importante– cómo.
Ahora, en 2023, esta experiencia puede repetirse a otra escala, pues convergen en un solo año elecciones generales, autonómicas en 12 Comunidades más Ceuta y Melilla y municipales.
Cada vez más lentos
En los últimos años, España se ha situado entre los países europeos más lentos a la hora de formar gobierno. Antes de 2015, nuestra media de 42 días nos situaba en un punto intermedio respecto a otros países europeos, según datos de Ecker y Meyer. A partir de ese año, ampliamos nuestro récord nacional hasta alcanzar los 314 días con Mariano Rajoy en funciones entre 2015 y 2016.
Ello puede explicarse por la falta de cultura de pactos, posiblemente propiciada por más de 30 años de bipartidismo, o bien por las reglas que seguimos para la formación de Gobierno, entre las que figuran que la investidura de un presidente exija el apoyo explícito de una mayoría o que una moción de censura requiera proponer un presidente alternativo.
En cuanto a capacidad de vivir sin gobierno, eso sí, Bélgica mantiene el récord mundial. La investidura de su nuevo presidente, en 2020, requirió 493 días desde las últimas elecciones y 650 desde la “caída” del último gobierno. Todo ello propiciado, en parte, por la falta de una fecha límite.
Claves para minimizar el impacto
Como vimos en 2019, la sucesión de convocatorias electorales y relevos alimentó un entorno cada vez más volátil. Muchos proyectos de Asuntos Públicos tuvieron que posponerse, pues la provisionalidad de algunos cargos dificultó la interlocución y la toma de decisiones tanto a corto como a largo plazo.
En un año electoral como este 2023, debemos permanecer preparados para adaptarnos a los nuevos escenarios políticos que surgirán. Estas son cuatro claves para conseguirlo:
- Tener muy claros los tiempos: no se trata solo de prever las elecciones y las semanas de negociación posteriores, sino también las disoluciones de parlamentos, los cargos que permanecerán temporalmente en funciones o el periodo de campaña electoral, así como sus implicaciones en las agendas de las autoridades. Además, también hay que prever que cada cambio requerirá un periodo de asentamiento.
- Priorizar el foco de acción: no todas las regiones celebrarán elecciones autonómicas en mayo. Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y el País Vasco no llamarán a los ciudadanos a las urnas, por lo que a mediados de año, ya podremos valorar cómo aproximarnos a los gobiernos de estas Comunidades.
- Anticipar cambios organizativos: conocer quién es quién es clave. Los perfiles, prioridades y agendas particulares de los nuevos cargos pueden ayudar a restablecer relaciones de confianza más rápidamente.
- Adaptarnos de forma constante: los resultados de las elecciones autonómicas pueden anticipar hasta cierto punto lo que ocurrirá a finales de año en las elecciones generales, por lo que podemos prestar ateción a sus resultados para adecuar nuestros planes de acción.
Si 2019 fue un año de aprendizaje en medio de la volatilidad, aplicar todas las lecciones que nos dio puede ser una herramienta útil para afrontar las elecciones que viviremos.
